Investigarás al Estado (municipal)


inundacion

La concejal Florencia Saintout celebrará la sentencia de una causa que es un manual para investigar a la administración pública y consagra el derecho a la información. Hace un año, desde la escenografía de la asistencia en la catástrofe, ordenaba no enseñar más a investigar al Estado y desarmaba la cátedra Periodismo de Investigación.

por Josefina López Mac Kenzie @josefinalopezmk

Este miércoles, la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP volvió a capitalizar los símbolos de la inundación, como hizo hace casi un año con el impactante operativo de acopio de donaciones emplazado allí bajo control de La Cámpora, y como reeditó en la campaña por una banca de edil para la decana. Al mediodía, el edificio Néstor Carlos Kirchner fue la sede de una conferencia de prensa que le permitió al juez Luis Federico Arias desovillar diferentes aspectos y alcances de la sentencia que acaba de dictar, la primera sobre la inundación del 2 de abril de 2013. Su resolución llega a días del primer aniversario y mientras las causas penales (por las responsabilidades políticas) no tienen novedades significativas.

Detrás de esta primera condena (al Estado provincial a reconocer 89 víctimas fatales, a rectificar sus registros y a ajustar el marco legal para impedir irregularidades como las que expuso abril) hay un trabajo ejemplar, para sacarse el sombrero. En un contexto adverso -Justicia provincial conservadora, Procuradora que investiga a los que quieren investigar, fuero con pocos recursos, coyuntura complicada en abril- el equipo que coordina Arias en el juzgado Nº1 logró hacer un barrido admirable, exhaustivo, por todas las dependencias públicas y privadas imaginables involucradas en el tratamiento de la muerte en la provincia de Buenos Aires.

El espíritu de esta causa consagra el derecho a la información como derecho a la verdad y como derecho humano, y es un manual para periodistas en formación. Con infinitos oficios (y desgastantes reiteraciones), los investigadores exigieron información pública. Registros de las Personas, morgues, clínicas y hospitales, 911, cocherías, cementerios, crematorios, cuarteles de Bomberos, central de monitoreo urbano y colegios profesionales de toda la región son sólo algunos de los innumerables recovecos que enfocaron para corroborar o descartar muertes y consolidar hipótesis sobre prácticas. Y a los abogados de la Provincia les molestó.

Al tiempo, la causa de Arias corrobora el tradicional hermetismo del Estado provincial (ilegal) y del municipal: nunca dan cuenta de sus actos y evitan mostrar sus registros públicos. En este caso particular, con la muerte masiva como factor noticiable.

Paradojas

Pasó justo un año. Estábamos allí. Devastados por la catástrofe y secos de información oficial de la Facultad hacía meses. Por el vidrio entraba la perdurable escenografía verderoliva, carpas y gendarmes, vehículos. Para entrar al edificio universitario, a esa reunión, había que conocer a alguien o decir soy de La Cámpora. Hay que admitirlo, las advertencias habían sido la posta: “Ustedes enseñan mucho a investigar al Estado… y el Estado ha cambiado mucho, ¿sabés?”.

Quizá ignoraban el extenso trabajo de monitoreo sobre el rol del Estado -Provincia, Municipio y Presidencia- en el acceso a la información pública realizado en determinadas comisiones del Taller (una materia de 4º ó 5º año). Para impulsar o coronar investigaciones de alumnos, en general sobre tramas de funcionarios o empresarios, se pedía sistemáticamente información a distintas dependencias. La propia Facultad ha publicado nuestros relatos sobre los resultados de este proyecto de análisis, en definitiva, de la Universidad pública sobre el Estado por su conducta, por sus registros para que accedamos a la verdad.

Las doctrinas (“No enseñarás más a investigar al Estado”, “no usarás método”, y “basta de investigaciones con mucha documentación”) las confirmaron las autoridades allí presentes: Pablo Llonto, Mariana Caviglia y Andrea “Petu” Varela. (Cinthia García, “titular” aunque “a concursar”, no había podido llegar). Los perfiles profesionales se pasaron por el tamiz. El equipo docente se transformó sin rendir cuentas ni blanquear criterios. Y directamente, “no enseñarás”.

[“¡Me intervinieron la comisión, loco!”, se oía por esos días en la ventanilla de la secretaría Académica, la de Petu Varela. Eran de otras cátedras. No los conocíamos].

Pasó un año. Quizá las autoridades académicas repasen las falencias del Intendente. Quizá el discurso del diario El Día en abril. Quizá el antiguo vínculo entre el antiguo diario y los intendentes (quizá no sobre Julio Alak). Quizá hablen de la epopeya solidaria de la juventud (quizá no de los circuitos prepotentes de donaciones). Quizá, de la enigmática “epistemología de la esperanza”. Quizá hagan un enlace con la Facultad de Medicina, ensombrecida en un juicio por crímenes de lesa humanidad en trámite. Y entonces las morgues de ayer y hoy; los médicos forenses de ayer y hoy.

Quizá más. Inaceptable, se dijo, lo del decano, que no firma títulos de 5 alumnos. Entonces Medicina versus Periodismo. Entonces dictadura versus democracia. Todo en nombre de la democracia, la justicia, la diversidad y la verdad.

Eso sí, lo de los 5 docentes echados en Periodismo es aceptable. Y la orden de no enseñar a investigar mientras se celebra una investigación de habeas data también. Quizá incluso hablen del acceso a la información. De lo importante y sencillo de las herramientas que permiten intentar obtener registros oficiales para acceder a la verdad. Sin andar entrando en detalles.

En esa Facultad no se puede saber qué concursos docentes están abiertos ni dónde se publican, ni qué docente trabaja en cada comisión, ni por qué unos sí y otros no, o por qué la Secteraria de Asuntos Administrativos, el más alto cargo no docente en otras facultades, es una docente que es la Secretaria Académica. Ni se puede enseñar a investigar al Estado.

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Más información sobre #DespidosEnPeriodismo

Otras producciones realizadas en el Taller de Periodismo de Investigación (2006-2009)

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