Información para todos


El Decreto Provincial Nº 2.549 impulsa el libre acceso a la información pública. Los detalles de una normativa que avala un derecho ciudadano.

por José Ignacio Castillo, Mauro Castro, Augusto Dallachiesa y Agustín Natansohn

El Decreto Provincial Nº 2.549, elevado en el año 2004, es una herramienta más que útil para los ciudadanos que busquen información en las instituciones públicas que son parte del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires.

En este sentido, la normativa es clara cuando especifica que el Gobierno provincial tiene pendiente entre sus políticas prioritarias “la regulación e institucionalización de un nuevo régimen de acceso a la información pública que contribuya en forma directa y significativa a la formación y ejercicio de este derecho por parte de la ciudadanía”.

De esta manera, en su artículo primero, el Decreto avala el derecho al acceso de toda persona física o jurídica a documentos administrativos públicos, que correspondan a organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias y demás entes del Ejecutivo. Algunos ejemplos pueden ser los documentos escritos, las fotografías, las grabaciones o el soporte magnético o digital, entre otros.

Así también, se impulsa la gratuidad de este acceso, en un marco donde dichas instituciones y sus respectivos funcionarios deben suministrar en forma completa y sin obstrucciones la información requerida. De no ser así, los responsables incurrirán en una falta grave, a la espera de las sanciones correspondientes.

Cabe destacar que, en su artículo 12, el Decreto también explica los procedimientos correspondientes para solicitar los documentos; se trata de una presentación “por escrito firmada en el que consten los datos identificatorios personales del solicitante y ante la dependencia oficial que ha conformado el documento o lo retiene en su poder”. Se debe subrayar que no es necesario presentar el DNI, Cédula, o alguna otra documentación que acredite identidad.

El apartado resalta además que los organismos tienen un plazo de hasta ocho días para brindar una respuesta a los interesados y, si éstos deniegan el derecho al acceso, se deberán basar en argumentos que avalen el hecho de que con la divulgación de datos se estaría perjudicando la privacidad de terceros.

Algo similar sucede con la información expresamente clasificada como reservada, respecto a la seguridad o política exterior, o temáticas ligadas a preferencias sexuales, filiaciones políticas o números de cuentas bancarias. No es el caso de los datos estadísticos, los planes de obras, las normas internas y la entrega de subsidios, cuestiones que sí están al alcance de la ciudadanía toda.

Éstos son los principales lineamientos del Decreto Provincial Nº 2.549, un recurso más para los habitantes de la provincia de Buenos Aires a la hora de buscar información pública. Estamos hablando de un derecho humano fundamental, reconocido por distintos documentos legales a nivel nacional e internacional, como el Decreto Nacional Nº 1172/03 y el Pacto de San José de Costa Rica, que entró en vigencia en 1978.

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