Los amigos del señor juez


Por su alta exposición mediática, Norberto Oyarbide se ha convertido en el juez federal más conocido y polémico del país. ¿Qué se oculta detrás de sus controvertidas decisiones? ¿Por qué siempre favorecen a los funcionarios del poder de turno? En las páginas de “Señor Juez”, Daniel Santoro revela las complejas relaciones que se tejen entre jueces y políticos y empresarios y que convierten a Oyarbide en un personaje funcional a los intereses del poder.

por Mauro Castro

El investigador y periodista de Clarín, Daniel Santoro, repasa en su último libro “Señor Juez” la trayectoria profesional del juez federal Norberto Oyarbide, famoso tanto por sus intervenciones en causas que involucran a altos funcionarios de la nación como por su alta exposición mediática.

La investigación presenta un extenso y detallado recorrido por la carrera del juez, desde sus inicios en 1976 como auxiliar ad honorem en un juzgado de Capital Federal por recomendación de uno de sus profesores de la UBA, hasta el puesto que ocupa actualmente como titular del Juzgado Federal N° 5, trazando el panorama político de  cada contexto y explicando las causas en las que ha intervenido y los escándalos en los que se ha visto involucrado. En este sentido, Santoro plantea un objetivo central: demostrar que el juez Oyarbide es funcional a los gobiernos de turno, y que es permeable a las presiones de funcionarios y empresarios.

Oyarbide comenzó a desempeñarse como juez federal en 1994, durante el mandato de Carlos Menem y con el apoyo del titular de la SIDE, Hugo Anzorreguy, y de la Policía Federal, según revela Santoro.

En 1998, el juez protagonizó un escándalo cuya gravedad y amplísima repercusión mediática estuvieron a punto de terminar con su carrera: una cámara de seguridad del prostíbulo gay Spartacus lo filmó manteniendo relaciones con un taxi-boy. Luego de la difusión del video, una comisión acusadora integrada entre otros diputados por Elisa Carrió elaboró un dictamen para pedir el juicio político del magistrado. El pedido fue aprobado por 172 diputados en la Cámara Baja. Se lo acusaba principalmente de haber omitido denunciar un local donde se ejercía la prostitución y de haber concurrido a dicho lugar arriesgando su investidura como juez.

El dictamen, aprobado por una extensa mayoría, pasó a tratarse en el Senado donde pesaron los contactos políticos del juez: el bloque de senadores menemistas se abroqueló en su defensa y lo salvó del juicio político. Santoro cuenta en su libro cómo el oficialismo aprovechó el atentado contra las Torres Gemelas del 11 de septiembre del 2001 para tratar el dictamen y librarse de la presión mediática. Y revela un dato clave: varios de los senadores que votaron en contra de su destitución estaban siendo investigados por haber recibido dinero de la SIDE para aprobar una reforma laboral que el FMI exigía al gobierno de la Alianza, y también por enriquecimiento ilícito.

Al año siguiente, Oyarbide le devolvió el favor a Menem unificando las causas de la cuenta bancaria del mandatario en Suiza y del enriquecimiento ilícito de su secretario privado. La medida tuvo como objetivo apartar de la causa por las cuentas en Suiza al fiscal Carlos Stornelli, a quien en el menemismo veían como un enemigo por sus aportes a la investigación de la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia. Revelando los intereses detrás de la maniobra, Santoro ilustra la cadena de favores recíprocos que el gobierno de Menem trazó con Oyarbide, a quien había convertido en juez federal.

Con la llegada del gobierno kirchnerista la funcionalidad del magistrado se mantuvo y alcanzó su punto más polémico cuando sobreseyó al matrimonio presidencial en la causa por enriquecimiento ilícito. Entre otras irregularidades, Oyarbide rechazó la colaboración de un ex perito de la Corte Suprema especializado en asuntos financieros y en su lugar ordenó que participara de la investigación Víctor Manzanares, contador del matrimonio.

Oyarbide decretó el sobreseimiento en tiempo récord. El decano del cuerpo de peritos de la Corte Suprema realizó el análisis en poco más de un mes y se lo entregó al juez, que ordenó absolver a los Kirchner al día siguiente sin estudiar críticamente el documento.

Días antes de tomar esta decisión, el juez debió intervenir en otra de las causas más controvertidas de los últimos años: la mafia de los medicamentos, donde sindicalistas afines al titular de la CGT Hugo Moyano y cercanos al kirchnerismo inventaban pacientes con cáncer u otra enfermedad de costoso tratamiento y, luego de falsificar los troqueles de los remedios, cobraban subsidios a la APE (Administración de Programas Especiales) a través de las obras sociales.

Oyarbide manejó a discreción los tiempos de la investigación. Detuvo a Lorenzo y a Zanola, dos de los principales acusados, pero tardó casi un año en indagar y procesar a Héctor Capaccioli, que conducía la Superintendencia de Servicios de Salud y que había sido uno de los miembros más influyentes en el comité de campaña de Cristina Fernández de Kirchner. De esta forma un hombre cercano al kirchnerismo, acusado de participar de la asociación ilícita, fue indagado con un año de retraso desde el inicio de la causa.

Finalmente Capaccioli fue procesado y dos días después Oyarbide detuvo por la causa de la mafia de los medicamentos a Gerónimo “Momo” Venegas, sindicalista afín a Eduardo Duhalde, aunque debió absolverlo de inmediato por los piquetes y las protestas realizadas en todo el país. Éste es otro punto en la hipótesis de Santoro: el juez detuvo a Venegas para crear una sensación de imparcialidad al apuntar primero a un sector del sindicalismo cercano al gobierno, y luego a otro que respondía al ex presidente Duhalde, uno de los principales dirigentes de la oposición.

La polémica por el sobreseimiento de los Kirchner fue tan grande que el senador radical Ernesto Sanz pidió nuevamente el juicio político para el juez, esta vez en el Consejo de la Magistratura. Los votos de los representantes del kirchnerismo, que consideraron que la resolución de Oyarbide estaba debidamente justificada, salvaron al magistrado de una posible destitución. Estos mismos representantes del gobierno ya lo habían protegido un mes antes, cuando la comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura había aprobado un dictamen también elaborado por Sanz, que proponía sancionar a Oyarbide por su sobreactuación mediática antes de la detención de Zanola, ya que había confirmado a los medios la culpabilidad del sindicalista cuando la investigación estaba aún en curso.

La última gran causa de Oyarbide involucró a Mauricio Macri por las escuchas telefónicas ilegales. El espía Ciro James, con pasado en el Ejército y la Federal y candidato a entrar en la Policía Metropolitana, armó junto a su titular, Jorge “Fino” Palacios, un aparato de espionaje para pinchar teléfonos. Las víctimas principales fueron el cuñado de Macri, resistido por el clan familiar, y Sergio Burstein, miembro de la asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas de la AMIA. Palacios estaba bajo sospecha por irregularidades durante la investigación del atentado.

Santoro prueba que Oyarbide direccionó la causa en contra de Macri e interpreta el procesamiento como una devolución de favores al kirchnerismo, dado que el Jefe de Gobierno Porteño representaba la principal carta opositora para las elecciones presidenciales de 2011.

“Señor Juez” no sólo repasa las causas más relevantes que debió investigar Oyarbide sino que también analiza su trasfondo político y permite, a través de documentos y diálogos inéditos, armar el rompecabezas para entender las polémicas decisiones del magistrado y la cadena secreta de favores que se oculta detrás de la Justicia al servicio del poder de turno.

El artículo forma parte de los parciales que propone el Taller, que tienen por objetivo analizar obras de investigación realizadas por periodistas.

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