Las corrupciones nuestras de cada gobierno


El periodista Juan Gasparini en su libro El Pacto Menem – Kirchner realiza una investigación en la que demuestra que hubo un pago de sobornos por veinticinco millones de dólares del grupo francés Thales, para que luego, Menem, privatizara el espacio radioeléctrico nacional en 1997.

por Gisela Sabatini @giselasabatini

En el 2001 se hallan en Suiza cuentas bancarias de Carlos Menem y Ramón Hernández, su secretario privado, nunca fueron declaradas en los tribunales federales de Buenos Aires por la Confederación Helvética. Néstor Kirchner se manejaría a fondo para traer a la Argentina las pruebas documentales de sus extractos y ofrecerlas a la Justicia, para luego repatriar el saldo de sus activos calculados en siete millones de dólares.

Grande fue el desengaño para todos porque la denuncia solo fue posible en la prensa. El libro explica las razones de lo ocurrido y relata los sucesos del 2004, año clave en que las dos partes “bajaran las armas”, dice el periodista, y explica “depusieron hostilidades a la postre de un proceso ganado por Menem en un juzgado de Ginebra, que Kirchner dirigió sin protestar, declinando revertir lo resuelto, y desechando firmar un Tratado de Asistencia Judicial con Suiza en materia penal”.

La “viuda” del poder

El 30 de abril de 2004 en Suiza, el protagonista del libro Lionel Queudot, titular de una administradora que viene de quebrar en esa ciudad helvética, estigmatizada por las secuelas de la corrupción en África, declara en la embajada argentina en Berna. Allí firmó un testimonio consular espontáneo en sede territorial argentina en Suiza, revelando su intervención para pagarle 25 millones de dólares al entorno del ex presidente Carlos Menem. Fue la contrapartida por la concesión del espacio radioeléctrico nacional a la compañía Thales, líder en la electrónica militar y de seguridad en Francia, uno de los más poderosos del mundo.

La declaración de Queudot por las coimas de Thales, punto de partida del libro, resumió a las autoridades argentinas cómo se organiza y circula un soborno internacional. El relato dibuja la ruta del dinero, atravesando cuentas, sociedades, oficinas y bancos, conectando empresarios y aventureros en la Argentina, Uruguay, Holanda, Francia, Suiza y los Estados Unidos.

Sin embargo, a los pocos meses de las declaraciones de Queudot en la embajada argentina en Berna en el 2004, el presidente Kirchner cesó al ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos Gustavo Beliz, y anuló un viaje a Suiza. El gobierno argentino resolvió asimismo no firmar un tratado de asistencia penal con Suiza para luchar contra la corrupción, el blanqueo de dinero y el terrorismo.

De inmediato, Kirchner decidió no apelar en Ginebra contra la devolución de 7 millones de dólares depositados en cuentas de ese país por Menem y su secretario privado confirmando el desapego para profundizar la persecución de la corrupción. A su vez, los 520 millones de dólares de los fondos errantes de Santa Cruz, llegaron a Zurich. Volvieron al país solo 390 millones de dólares, pero recién en marzo de 2008 y bajo amenaza de confiscación de la justicia de Estados Unidos.

El FBI argentino

El libro tiene un capitulo en el que habla del trabajo anticorrupción que lleva a  cabo Gustavo Beliz, Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos del gobierno de Kirchner; preconizaba unificar los fueros penales en la ciudad de Buenos Aires, y quería instaurar los juicios por jurados populares para los delitos comunes más graves, incluyendo los que afectaban a la administración pública. La arquitectura preveía el armado de una agencia federal de investigaciones.

A esta “FBI argentina” se le daba rango de Subsecretaría, dirigida por una personalidad “con título universitario e idoneidad funcional y moral”, elegida por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Se la dotaba de una Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, que vaciaba de razón de ser a la SIDE, criterios que se afirmaban con el ascenso de civiles a puestos decisivos en la Policía Federal.

El mega plan de Beliz para la Justicia y Seguridad contemplaba también la aplicación de un régimen penal especial para menores de entre 14 y 18 años, el aumento de controles en la venta de teléfonos celulares y de tenencia y portación de armas de fuego, una limitación a las excarcelaciones y cambios en la ley de drogas, la reforma al Consejo de la Magistratura, modificaciones de la asociación ilícita y una ley para la protección de testigos. El bosquejo disgustaba a la SIDE, resuelta a no perder su jerarquía ministerial y a sacar provecho e incidir en el control y la reforma de la represión interna. Hacia mayo de 2004 Kirchner le dio la negativa a Beliz de su plan y poco después lo destituiría del cargo.

Daniel Morin de la Oficina Anticorrupción (OA) declaró que Kirchner, para el 2003, le daba un presupuesto de cien millones de pesos a la SIDE. Gracias a un mecanismo de resignación de partidas presupuestarias, y del secreto de las leyes regulatorias de los gastos, la SIDE servía para lavar dinero y corromper: “sobornaba legisladores, pagaba sobresueldos a funcionarios, financiaba irregularmente campañas políticas, y compraba testigos y periodistas, convirtiéndose en un banco virtual que reciclaba dinero para delinquir”.

El pacto que no fue

El 28 de septiembre de 2007, los tribunales de Buenos Aires anunciaron el envió a juicio oral de la causa por el ocultamiento de ciertos bienes de Menem al fisco, donde perdura en ausencia su cuenta de Ginebra. La fecha de la vista es todavía incierta porque en mayo de 2008 la OA planteó volver a hacer un exhorto a Ginebra reclamando dicha cuenta, esencial para solventar el proceso.

El 12 de noviembre de 2008, el Tribunal Oral hizo lugar a la demanda, y ordenó enviar comisiones rogatorias a Suiza, por Menem, y a Liechtenstein, para verificar la titularidad de Ramón Hernández en la sociedad de su cuenta en Zurich. Y a partir de ahí dice Gasparini “pudo haber tomado un camino menos explícito, si el senador Menem hubiera aceptado la propuesta que le habría hecho llegar Kirchner”.

El periodista cuenta que a cambio de lograr frenar las causas judiciales en su contra, se le pedía el voto que le faltaba al gobierno para hacer aprobar en el Congreso las retenciones agropecuarias. Fue el 17 de julio de 2008 y Menem rechazó el ofrecimiento porque no lo creyó realizable. Estropeó el intento de la Presidenta Cristina Fernández de subir los impuestos a las exportaciones agrícolas, y así, todo siguió como antes. Incrustadas en la banca helvética, las representaciones de Menem y Kirchner.

El artículo forma parte de los parciales que propone el Taller, que tienen por objetivo analizar obras de investigación realizadas por periodistas.

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