Ley provincial de acceso a documentos administrativos


Existen diferentes legislaciones relacionadas al acceso a la información pública que habilita a cualquier ciudadano a requerir todo tipo de documentación o información en poder del Estado. Entre ellas existe la Ley provincial N°12.475 que hace mención al acceso público a documentos administrativos.

por Agustín Ponce Figliozzi, Lucas Damián Segui, Juan Ignacio García y Sebastián Ramallo

En la actualidad la provincia de Buenos Aires cuenta con la Ley N° 12.475 sancionada el 5 de julio del año 2000 y promulgada por el decreto N°2.877  en agosto de ese mismo año por la que se reconoce a toda persona física o jurídica que tenga interés legítimo, el derecho a acceso, en el momento que lo desee,  a documentos administrativos cuya divulgación no se encuentre prohibida expresamente.

La consolidación de los mecanismos de acceso está fundada en el hecho cierto de que la disponibilidad de más y mejor información y una mayor transparencia en las actuaciones son elementos vitales para entablar un debate público bien orientado, apuntado a incrementar la confianza de la ciudadanía en el funcionamiento de las instituciones de la gestión pública.

Esta Ley decreta que “toda persona física y jurídica tiene derecho de acceso a documentos administrativos de naturaleza pública correspondientes a organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias y todo otro ente que funcione bajo jurisdicción del Poder Ejecutivo”.

La Ley 12.475 comprende como documentos administrativos a toda representación gráfica, fotocinematográfica, informática, digital o de cualquier otra especie que contenga datos o informaciones provenientes de órganos públicos del Poder Ejecutivo Provincial cuya divulgación no se encuentre expresamente prohibida por la ley.

La solicitud de este tipo de acceso a documentos administrativos deberá presentarse de manera escrita donde deberán constar los datos identificatorios personales de quien solicita ante la dependencia oficial. Por su parte, hay que tener en cuenta que el organismo oficial está obligado a entregar constancia formal de la formulación del pedido de acceso indicando lugar, fecha y hora en que éste fue realizado.

El Artículo 14 de esta Ley especifica los términos de entrega de la información solicitada y marca un plazo de entrega no mayor a ocho (8) días. En caso “excepcional” que impidiera poner a disposición los documentos solicitados, y ante una justificación razonable de las circunstancias, podrá extenderse el plazo hasta diez (10) días, lo que debe ser comunicado a los interesados antes del vencimiento del plazo regular.

La obstrucción del acceso a los documentos requeridos será considerada una falta grave conforme lo previsto en el Código Civil y Penal de La Nación. Los encargados de garantizar la aplicación de esta Ley son: la Secretaría General de la Gobernación y el Ministerio de Gobierno; siendo la primera la encargada de recibir, formular e informar las denuncias que se manifiesten en relación con el incumplimiento de lo permitido por la Ley.

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