América Latina y el acceso a la información pública


Como ciudadanos argentinos, toda persona tiene derecho de acceso a la información reconocido por el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos ellos incorporados a la Constitución a través del artículo 75 inciso 22, y el Decreto 1172/03. En Argentina, se tiene derecho a pedir información pública en todos los organismos nacionales, provinciales y municipales o en cualquier empresa de servicios públicos u organización que reciba fondos estatales.

por Nydia Colin, Laura Salleg Sánchez, Gisela Sabatini y Raúl Bustamante

Con el objetivo de permitir monitorear y controlar mejor la gestión y marcha del Estado, el acceso a la información pública nos ayuda a ejercer otros derechos, como la salud, la educación o la vivienda.  Pero, ¿Cómo debemos acceder a la información pública? La guía ¡Vos Sabés? propone cinco pasos:

  1. Pensar y precisar la información que se busca. Identificar, en la medida de lo posible, dónde se encuentra la información.
  2. Redactar el pedido.
  3. No existen requisitos de forma ni se necesita asistencia de un abogado para ello.
  4. Visitar el organismo u organización y presentar el pedido de información en la Mesa de Entradas.
  5. El primer paso para conseguir información es acercarse a quienes la tienen. Espere la respuesta. Y, si ésta no llega o llega incompleta, reclamar.

Es necesario mencionar que el surgimiento de esta guía, así como lo que se ha logrado para tener un mayor acercamiento al acceso a la información, deriva de diferentes leyes y tratados internacionales que se tuvieron como referencia.

A continuación damos un breve recorrido por el contexto en el que se ha desarrollado el Derecho de Acceso a la Información en América Latina:

Existen países que han logrado ya la aprobación de leyes nacionales que garantice este Derecho, mientras que otros tantos, hasta la fecha sólo cuentan con decretos y leyes que actúan a nivel provincial o municipal.

Para tener una referencia de la situación latinoamericana en este tema, presentamos la siguiente tabla que especifica las leyes o decretos que amparan el acceso a la información.

Como se mencionaba con anterioridad, la aprobación del acceso a la información como un derecho, es un proceso largo y contextual, que tiene miradas locales e internacionales.

Para entender todo lo relacionado a la creación de este derecho apuntaremos a un proceso puntual en América Latina, de un país pionero en la aprobación de ley nacional, es el caso de México.

En primera instancia, el derecho de acceso a la información en este país tuvo su sustento en el derecho a la información, el cual está reconocido al final del artículo 6º de la Constitución Mexicana desde 1977, entendido como la garantía que tiene toda persona para obtener información (noticias, datos, hechos, opiniones e ideas) informar y ser informada, de forma compatible con otros derechos humanos.

Las libertades de expresión, de escribir y de publicar fueron recogidas y protegidas en México desde los orígenes de su derecho constitucional. En los artículos 6 y 7 de la Constitución de 1857 quedaron plasmadas estas ideas, ratificadas y vigentes en los mismos artículos constitucionales de la actual Constitución de 1917.

Sin embargo, estos logros no hubieran sido posibles sin la previa presencia del ámbito internacional, el cual está enmarcado por:

  • Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) Art. 19
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) Art. 19
  • Convención Americana (Pacto de San José de Costa Rica, 1969) Art. 13
  • Corte Interamericana de Derechos Humanos (1979)

Después de ello, comenzó a pensarse en el derecho de acceso a la información, entendido como la prerrogativa de la persona para acceder a datos, registros y todo tipo de informaciones en poder de entidades públicas y empresas privadas que ejercen gasto público y/o cumplen funciones de autoridad. A partir de ello es que, en 2002, se creó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. La cual incluyó un órgano nacional encargado de vincular a las personas interesadas en pedir información con las entidades correspondientes (Instituto Federal de Acceso a la Información Pública).

A partir de esta ley, se fueron creando paulatinamente las legislaciones en cada Estado hasta cubrir la totalidad del país.

Si bien, contar con una ley nacional que ampare el derecho de acceso a la información es de vital importancia, el mayor logro radica en el aprovechamiento que como ciudadanos otorguemos a la herramienta.

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Manual Acceso a la Información Pública en las Américas: Una Compilación Normativa y Análisis Jurisprudencial (ADC)

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