Decreto 1172/03: a favor del acceso a la información pública


Cualquier persona, sin distinción de raza, edad, nacionalidad, sexo, opinión o educación, puede acceder a la información pública.

por Betina de la Canal, Damiela Rodríguez, Anahí Paladino y Jerónimo Díaz Ruiz

Vivimos en una sociedad en la que nos manejamos bajo la “cultura del secreto”, donde solicitar información pública, algo que corresponde por derecho a todo ciudadano dentro de un Estado democrático, es a veces mirado con mala cara o se torna como un favor que nos hacen a regañadientes. El cambio no se da de un día para el otro, el proceso es lento y por ello debemos contar con herramientas legales a nuestro favor para iniciar la transición.

La Argentina es, estadísticamente, uno de los países de mayor descuido de su patrimonio. En muchos casos ha tenido que reconstruir su información y continúa con este proceso, aunque los tiempos para esta tarea sean lentos. Es momento de que todo ciudadano conozca el mecanismo y sea parte de la política pública de acceso a la información, para de esta manera colaborar con la sociedad civil y así fomentar el crecimiento de su utilización.

El Decreto 1172/03 de Mejora de la Calidad de la Democracia y sus Instituciones, fue dictado en diciembre del año 2003. Entre varios reglamentos, contiene el de acceso a la información pública, que garantiza el ejercicio de este derecho humano fundamental en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, y no así del Poder Legislativo y Judicial. Esto significa que sólo se puede pedir información conforme a este decreto en el Poder Ejecutivo Nacional.

El Decreto de Acceso a la información garantiza a toda persona, la posibilidad de solicitar y recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna de todos los órganos que conforman el Poder Ejecutivo Nacional, de las empresas prestatarias de servicios públicos, de aquellas que reciban subsidios, o de los Entes públicos no estatales.

Establece asimismo, la gratuidad para el acceso, los plazos dentro de los cuales el Estado debe contestar y  las acciones que las personas u organizaciones pueden emprender en caso de que la administración se negara  u omitiera proveer la información requerida. Vale aclarar que sólo en casos excepcionales, los funcionarios pueden no brindar la información solicitada.

Como actores sociales, muchas veces nos vemos imposibilitados a acceder  cierta información, debido al desconocimiento o a la manera de acercarnos a lo que nos interesa, y en muchos casos desistimos de esta búsqueda por cansancio o porque creemos que se nos agotaron los caminos. Nos resulta inalcanzable o hasta ajeno la cantidad de información que maneja el Estado, de gran relevancia para la vida de las personas, como por ejemplo la vinculada a la salud, educación, medio ambiente, inversiones públicas, seguridad y justicia, entre otros aspectos.

Una mirada hacia el afuera con detenimiento en el adentro

En la Argentina, la cantidad de pedidos acerca de información relacionada al Poder Ejecutivo, es mucho menor a la presentada en otros países en los que funcionan herramientas parecidas.

Por ejemplo: en México, donde rige una ley desde junio de 2003, las solicitudes alcanzan las 127.900; en los Estados Unidos, que cuenta con una ley desde 1967, los pedidos en 2004 superaron los cuatro millones, y en el mismo año en Canadá, con ley desde 1983, llegaron a 25.000.  Esto se debe a que esos países cuentan con un organismo que cetraliza todos los pedidos de información que recibe el Estado.

Por el contrario, en la Argentina hay varios Ministerios y Secretarías (como el Ministerio de Salud, la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico -Sedronar- y la Anses) que responden consultas telefónicas, personales y por correo electrónico por fuera de los canales previstos por el decreto.

Los alcances del Decreto 1172/03

Todos los organismos que conforman el Poder Ejecutivo Nacional se encuentran obligados a brindar información pública según las disposiciones del mismo. En ese sentido, toda persona física o jurídica puede solicitar información a todos los ministerios, secretarías, subsecretarías y direcciones del Poder Ejecutivo. Asimismo, la información referente a empresas prestatarias de servicios públicos, empresas estatales o que reciban subsidios por parte del Estado, al igual que Entes públicos no estatales.

En cuando a lo que es posible pedir al Estado, es necesario saber que no solamente se trata de documentos en soporte gráfico, sino que toda la información producida por éste, con excepción de aquellas cuestiones que el propio Decreto 1172/03 no permiten proveer, se puede solicitar. Por ejemplo: fotografías, grabaciones, soporte digital o magnético, u otro soporte está al alcance de nuestros requerimientos.

En resumen, se puede pedir toda información vinculada a la actividad del Estado, con excepción de aquellas cuestiones que otras leyes no permiten difundir o publicar, como por ejemplo las relativas a la intimidad de las personas.

En cuanto a las restricciones del Decreto 1172/03, hay que puntualizar en las de carácter personal. Tal decisión tiene por objeto proteger otros derechos de igual importancia, como la intimidad o la seguridad nacional. En efecto, no es posible solicitar información sobre: números de cuentas bancarias, preferencias sexuales ni afiliaciones políticas. Como así tampoco es posible requerir la relacionada con asuntos que puedan revelar la estrategia que el Estado tome sobre algún juicio en trámite, o datos protegidos por las leyes de seguridad nacional,  secretos industriales, financieros o científicos, o información protegida por el secreto profesional.

Implementando el uso del Decreto 1172/03

Las solicitudes para pedir información se realizan por escrito y se destinan a las distintas dependencias del Poder Ejecutivo y las empresas de servicio públicos privatizados, que tienen un plazo máximo de veinte días hábiles para contestar.

En la nota debe figurar:

  • Fecha y lugar
  • Nombre del organismo o Ministerio al que va dirigida
  • La información solicitada de modo claro
  • Mención a la normativa 1172/03
  • Firma y aclaración
  • Datos de contacto (teléfono, dirección o e-mail)

La nota debe estar escrita sencillamente, sin ninguna formalidad especial, explicitando la información que se necesita. Cuanto mayor sea la precisión y claridad de lo solicitado, más fácilmente se dará con ello.

Por último, en caso de no ser recepcionada la nota, o de que nos deriven a otro sitio, tenemos el derecho de solicitar que esa decisión sea efectuada por escrito.  Esta es la única manera de que quede una constancia de  tal respuesta y de esta forma posteriormente podremos reclamar.

Relacionado

Guía para usar el Decreto Nº 1172/03 de Acceso a la Información Pública (Asociación por los Derechos Civiles)

Guía Ciudadana para la Transparencia y el Acceso a la Información para la Aplicación del Decreto Nº 1172/03 (Foro Social para la Transparencia)

Artículos sobre acceso a la información

Documentos para descargar sobre acceso a la información

 

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