Legislación sobre el acceso a la información pública


En los últimos años, Argentina estableció algunas normas para permitir el acercamiento de los ciudadanos con las instituciones que regulan sus actividades. Sin embargo, la difusión de esta legislación fue escasa. Aquí sintetizamos los aspectos fundamentales para saber quiénes pueden solicitar información, cómo, dónde y a qué autoridades.

por Luciano Dabrowski, Fabián Mendy, Flavio Scheck y Rocio Torres

Entendiendo la necesidad de democratizar y transparentar las instituciones a cargo del Estado, el Poder Ejecutivo Nacional promovió el Decreto 1172/2003 que permite un acceso efectivo a la información pública. Se debe tener en cuenta que la Constitución Nacional ya garantizaba el principio de publicidad de los actos de Gobierno a través de los artículos 33, 41, 42 y 75 inciso 22, que les otorgó jerarquía constitucional a diversos tratados internacionales.

Este decreto abre un espacio importante para conocer y debatir los actos de gobierno, permite que las autoridades escuchen las demandas de los ciudadanos aunque tales reclamos no tienen un carácter vinculante (esto quiere decir que las instituciones deberán evaluar la pertinencia y viabilidad de la petición, entre otras consideraciones). En él se reglamentan cinco instancias que generan la posibilidad de participación para la sociedad civil: Audiencias Públicas, Publicidad de la Gestión de Intereses, Elaboración Participativa de Normas, Acceso a la Información Pública y de Reuniones Abiertas de los Entes Reguladores de los Servicios Públicos. Además se establece  el acceso libre y gratuito vía Internet a la edición diaria del Boletín Oficial.

Audiencia Pública: Todos los ciudadanos de la Nación tienen derecho a solicitar una audiencia (fundamentada) a cualquier organismo que funcione bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional, deberán recibir una respuesta en un plazo no mayor a treinta días (también fundamentada). Las Audiencias Públicas pueden ser presenciadas por el público en general y por los medios de comunicación. Para participar hay que realizar una inscripción cuarenta y ocho horas antes. El presidente de la audiencia tendrá la potestad para decidir si se pueden agregar exponentes no anunciados, asimismo puede designar a algún funcionario para que lo asista. También es el encargado de suspender o cancelar dicha audiencia si se suceden episodios de violencia, además de llamar a la fuerza pública para desalojar a los violentos.

Finalmente, la Autoridad Convocante, en un plazo no mayor de treinta días de recibido el informe final del Área de lmplementación, debe dar a conocer su resolución y explicar cómo tomó en cuenta las opiniones de la ciudadanía y, si las rechaza, explicitar cuál es el motivo.

Publicidad de Gestión: Están obligados a dar publicidad a sus actos de gobierno quienes ocupen los cargos de; Presidente de la Nación, Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros, Secretarios y Subsecretarios, Interventores Federales, Autoridades superiores de organismos que dependan del P. Ejecutivo Nacional, Agentes Públicos cuya función ejecutiva sea equivalente a la de Director General. Todo ciudadano tiene el derecho de exigir administrativa o judicialmente su cumplimiento.

Elaboración Participativa de Normas: Es un mecanismo por el cual los ciudadanos pueden presentar propuestas para proyectos de normas administrativas y de ley para ser elevados por el Poder Ejecutivo Nacional al Honorable Congreso de la Nación. Tiene un carácter informal y gratuito. Para promover la participación, la autoridad que corresponda deberá invitar a la ciudadanía a través de un publicado en el Boletín Oficial (deberá estar durante dos días) y otro en su página de Internet (deberá permanecer quince días). El plazo para presentar opiniones y propuestas por parte de la ciudadanía no puede ser inferior a quince días. Se debe habilitar una casilla de correo electrónico y una dirección postal para recibir comentarios informales de quienes estén interesados en aportar al proyecto. Finalmente, la norma tiene que ser publicada en la página oficial del organismo que la promovió y en el Boletín Oficial.

Acceso a la Información Pública: Este reglamento es válido tanto para organismos públicos como privados que reciban subsidios o algún tipo de aporte estatal. El ciudadano debe exigir que la información sea completa, adecuada, oportuna y veraz. Se respetan los principios de gratuidad, igualdad e informalidad. La solicitud de información debe ser realizada por escrito, con la identificación de quien la solicita, y no es necesario explicitar los propósitos por los cuales se la requiere. Sólo se puede negar la información si se verifica que la misma no existe o que está incluida dentro de alguna de las excepciones (información protegida por secreto profesional, secretos industriales o comerciales, de defensa o política exterior, información que pudiera poner en peligro la banca, datos personales, que ponga en peligro la vida, etcétera). La denegatoria debe ser dispuesta por un funcionario de jerarquía equivalente o superior a Director General.

Se estipulan diez días, pero puede que se extienda el plazo por diez más, siempre y cuando el requerido lo comunique. En caso de que transcurra el plazo la solicitud se considera rechazada. Será considerado incurso en falta grave que el funcionario no brinde la información sin justificar debidamente su decisión. La Oficina Anticorrupción se encargará de tomar las denuncias que se formulen por el incumplimiento de este reglamento.

Reuniones Abiertas de los Entes Reguladores de Servicios Públicos: Este punto tiene como finalidad permitir a los ciudadanos participar efectivamente en las decisiones que toman las empresas de servicios públicos. Estas reuniones abiertas son organizadas por los Entes Reguladores y para presenciarlas no hace falta cumplir con ninguna formalidad. La convocatoria se debe publicar con, por lo menos, cinco días de antelación en su página Web y en los espacios destinados a la atención del público. Las reuniones son secretas sólo cuando la publicidad de éstas pudiese llegar a perjudicar el normal funcionamiento de entidades o la información sea clasificada como reservada, entre otras. Las actas de las reuniones deben ser publicadas en Internet en un plazo que no exceda los quince días.

Legislación provincial

En sus diferentes artículos la Ley 12.475 le permite a la sociedad acceder a los documentos administrativos (datos e informaciones de organismos públicos de la provincia de Buenos Aires). Se podrán observar gratuitamente, y también extraer copias de los documentos.

Para poder obtener estos documentos se debe realizar un pedido por escrito, en donde deben constar los datos del solicitante y de la dependencia que tiene el documento en su poder.

En el caso de que no se brinde la información o pasen 30 días hábiles y no haya respuesta, se deberá comunicar al Poder Ejecutivo.

También hay un decreto (el 2.549) que permite a todas las personas acceder a documentos administrativos que son públicos, de diferentes entidades que estén bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo. Tiene muchas similitudes con la Ley 12.475, pero a diferencia de ésta el decreto es un poco más puntual en algunos aspectos. El artículo 3º tiene como objetivo que cada institución tenga un área destinada al acceso y la consulta de los documentos.

Básicamente el reglamento se aplica a organismos, empresas y a toda entidad que este bajo responsabilidad del Poder Ejecutivo. Al momento de acceder a los documentos se deben respetar los principios de publicidad, accesibilidad, igualdad y gratuidad, entre otros.

El pedido de los documentos, como se mencionó en la síntesis de la Ley 12.475, es por escrito, y los sujetos responsables de brindar esa información lo deben hacer de forma inmediata o facilitarla en no más de ocho días. En casos excepcionales se puede extender a diez.

Sin embargo también puede ocurrir que no se nos brinden los documentos, estos casos serán: cuando la divulgación perjudique el derecho de privacidad, se trate de calificación considerada reservada, se trate de información que ponga en peligro el sistema financiero o bancario, información protegida por el secreto profesional, información que ponga el peligro la vida de una persona, entre otras.

Al igual que la Ley 12.475, una vez transcurrido los 30 días sin que se brinde la información la solicitud se considera denegada. Sin embargo, el artículo 18º permite utilizar los recursos administrativos que el ordenamiento jurídico establece para ampararnos ante esa decisión.

Las autoridades que deben verificar y exigir el cumplimiento del decreto son la Secretaría General de la Gobernación y el Ministerio de Gobierno. La primera es la encargada de recibir las denuncias de incumplimiento e informar a las autoridades.

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